jueves, 29 de agosto de 2013

LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN TRIBUNAL DE FLAGRANCIA EN EL PERÚ

LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN
TRIBUNAL DE FLAGRANCIA EN EL PERÚ



El incremento de la criminalidad violenta en nuestro país y en particular en nuestra región de La Libertad, se debe a múltiples factores de tipo social, económico, familiar, etc., pero también se debe a la debilidad con que el Estado enfrenta dichas conductas.
Según la percepción de la sociedad peruana, el principal problema es la inseguridad ciudadana. Según cifras presentadas en un Informe Técnico de la Universidad de San Marcos, la inseguridad en el Perú ha crecido de manera casi sostenida un 15% en los últimos tres años, y esto se ve reflejado en el índice de criminalidad que va en aumento de acuerdo con un indicador sobre seguridad ciudadana del INEI[1].  En efecto, según el INEI, el 86.7% de los encuestados a nivel nacional, considera que la inseguridad ciudadana en los próximos doce meses se incrementará[2].
Asimismo, son diversas las formas como el Estado muestra debilidad en la lucha contra la criminalidad, como por ejemplo, falta de presupuesto, falta de personal policial, equipamiento, falta de coordinación con la Fiscalía, procedimientos formalistas y el retardo judicial, entre otros. Todo ello redunda en que la inseguridad ciudadana se ha incrementado, además de los problemas socioeconómicos, por la debilidad del Estado para controlar y/o contener a la criminalidad.
Si bien el NCPP, ha incorporado nuevas facultades a la Policía y al Ministerio Público que ofrecen una mayor eficacia operativa en la investigación del delito, así como procesos mucho más rápidos, que garantizarían una respuesta mucho más eficiente y contundente del sistema penal, como es el caso del proceso inmediato para delitos flagrantes, vemos con preocupación, que en la realidad actual, los casos de flagrancia en robo y extorsiones –por citar dos de los delitos más violentos-, no vienen siendo resueltos con la celeridad que tales casos demandan, no se está aplicando el proceso inmediato, ha decaído los casos de terminación anticipada  y los procesos en estos casos tardan en promedio entre año y dos años para concluir de forma definitiva.
La falta de aplicación del proceso inmediato para los casos de flagrancia delictiva, viene generando una serie de graves problemas: La falta de credibilidad de la intervención policial, la repetición de actos de investigación, la duración innecesaria de la investigación y del juicio oral, que permiten la producción de un conjunto de incidencias dilatorias por parte de los Abogados,  y que las víctimas y testigos se vean amenazados y obligados a cambiar de versión de los elementos de convicción, generando un riesgo alto de impunidad y el incremento de la inseguridad ciudadana.






[1] http://www.larepublica.pe/26-02-2013/criminalidad-aumenta-y-sensacion-de-inseguridad-ciudadana-se-profundiza
[2] Ver INEI en cifras de Agosto 2013, en http://iinei.inei.gob.pe/iinei/IneiCifras/Boletin01/15.html (visto el 16/08/2013).