LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN
TRIBUNAL DE FLAGRANCIA EN EL PERÚ
El incremento de la criminalidad violenta en nuestro país y en particular en nuestra región de La Libertad, se debe a múltiples factores de tipo social, económico, familiar, etc., pero también se debe a la debilidad con que el Estado enfrenta dichas conductas.
TRIBUNAL DE FLAGRANCIA EN EL PERÚ
El incremento de la criminalidad violenta en nuestro país y en particular en nuestra región de La Libertad, se debe a múltiples factores de tipo social, económico, familiar, etc., pero también se debe a la debilidad con que el Estado enfrenta dichas conductas.
Según la percepción de la sociedad
peruana, el principal problema es la inseguridad ciudadana. Según cifras presentadas en un Informe Técnico
de la Universidad de San Marcos, la inseguridad en el Perú ha crecido de manera
casi sostenida un 15% en los últimos tres años, y esto se ve reflejado en el
índice de criminalidad que va en aumento de acuerdo con un indicador sobre
seguridad ciudadana del INEI[1].
En efecto, según el INEI, el 86.7% de
los encuestados a nivel nacional, considera que la inseguridad ciudadana en los
próximos doce meses se incrementará[2].
Asimismo, son
diversas las formas como el Estado muestra debilidad en la lucha contra la
criminalidad, como por ejemplo, falta de presupuesto, falta de personal
policial, equipamiento, falta de coordinación con la Fiscalía, procedimientos
formalistas y el retardo judicial, entre otros. Todo ello redunda en que la
inseguridad ciudadana se ha incrementado, además de los problemas
socioeconómicos, por la debilidad del Estado para controlar y/o contener a la
criminalidad.
Si bien el NCPP, ha
incorporado nuevas facultades a la Policía y al Ministerio Público que ofrecen
una mayor eficacia operativa en la investigación del delito, así como procesos
mucho más rápidos, que garantizarían una respuesta mucho más eficiente y
contundente del sistema penal, como es el caso del proceso inmediato para
delitos flagrantes, vemos con preocupación, que en la realidad actual, los
casos de flagrancia en robo y extorsiones –por citar dos de los delitos más
violentos-, no vienen siendo resueltos con la celeridad que tales casos demandan,
no se está aplicando el proceso inmediato, ha decaído los casos de terminación
anticipada y los procesos en estos casos
tardan en promedio entre año y dos años para concluir de forma definitiva.
La falta de
aplicación del proceso inmediato para los casos de flagrancia delictiva, viene
generando una serie de graves problemas: La falta de credibilidad de la
intervención policial, la repetición de actos de investigación, la duración
innecesaria de la investigación y del juicio oral, que permiten la producción
de un conjunto de incidencias dilatorias por parte de los Abogados, y que las víctimas y testigos se vean
amenazados y obligados a cambiar de versión de los elementos de convicción,
generando un riesgo alto de impunidad y el incremento de la inseguridad
ciudadana.
[1] http://www.larepublica.pe/26-02-2013/criminalidad-aumenta-y-sensacion-de-inseguridad-ciudadana-se-profundiza
[2] Ver INEI en cifras de
Agosto 2013, en http://iinei.inei.gob.pe/iinei/IneiCifras/Boletin01/15.html (visto el 16/08/2013).